Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá

La Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá cuenta con una legislación nacional que normaliza el sistema nacional de bomberos de Colombia, el fondo nacional de bomberos, el régimen disciplinario y operativo, los impuestos, entre otros. 

Sistema Nacional de Bomberos de Colombia

El Sistema Nacional de Bomberos de Colombia, es creado mediante la Ley 322 de 1996, la cual establece que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano y que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de las instituciones bomberiles, es un servicio público esencial a cargo del Estado, por lo tanto, es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa o por medio de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios.

Así mismo, establece que la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, como organismo decisorio de carácter permanente y asesor del Ministro del Interior, es la encargada en el orden nacional, de determinar las políticas globales y los reglamentos generales de orden técnico, administrativo y operativo que deben cumplir los Cuerpos de Bomberos para la prestación de servicio público de prevención y atención de incendios y demás calamidades conexas y en general de hacer operativo el Sistema.

Fondo Nacional de Bomberos

El Fondo Nacional de Bomberos se crea como una subcuenta del Fondo Nacional de Calamidades, el cual es reglamentado mediante Decreto 2211 de 1997, con sus respectivos objetivos y fuentes de financiamiento, se define el aporte del uno por ciento (1%) de las compañías aseguradoras y aspectos relacionados con las funciones de la Delegación Nacional de Bomberos y de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, cuyo funcionamiento interno es reglamentado mediante la Resolución 1131 de 1998 del Ministerio del Interior, la cual designa a la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres como Secretaría Ejecutiva Técnica de la Junta.

Régimen Disciplinario y Operativo

Las competencias y el procedimiento disciplinario del cuerpo de bomberos oficiales son reglamentados a través de la Ley 734 de 2002 y en algunas disposiciones por el Decreto 953 de 1997 y el reglamento general administrativo, operativo y técnico del Sistema Nacional de Bomberos vigente, es el expedido mediante la Resolución 241 de 2001 del Ministerio del Interior.

Impuestos

En relación con este tema, se excluyen del Impuesto sobre las Ventas y de Arancel, la importación y adquisición de equipos especializados para la extinción de incendios que requieran para la dotación o funcionamiento los Cuerpos de Bomberos Oficiales y Voluntarios.

Proyecto de Reforma

Se busca tramitar el proyecto de Ley 301 de 2006 con el fin de actualizar y complementar la Ley 322, ya que, en principio la Ley solo se ocupó de la prevención de incendios, más no de la atención de los mismos, ni las siniestralidades de otros géneros y dejó sin definir “calamidad conexa”. En ese sentido, se propone incluir como actividades conexas los derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres; al igual que se contemple en los planes de desarrollo, un acápite que desarrolle acciones preventivas y de atención de incendios, calamidades conexas y siniestros, como consecuencia de fenómenos naturales, espontáneos o humanos.

Con relación a la responsabilidad que asiste a los bomberos, es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes, en forma directa a través de éstos e incluye a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios. De la misma manera, se contempla la creación de un Fondo Cuenta para la administración de los recursos que ordena esta iniciativa y que pueden ser creados por los entes territoriales con destino a los Cuerpos de Bomberos, con el fin de asegurar su manejo independiente, con contabilidad y mecanismos de rendición de cuentas, e incorporar una exención en los mecanismos de contratación pública para que se realice de conformidad con las reglas del derecho privado y así flexibilizar y agilizar los procesos de adquisiciones.

Ambiental

Los fundamentos de la política ambiental nacional son determinados mediante la Ley 99 de 1993, que da origen al Sistema Nacional Ambiental (SINA) e integra orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones para poner en marcha los principios generales ambientales, entre los cuales se incluye:

La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento.

Promover la realización de programas y proyectos de gestión ambiental para la prevención de desastres, de manera que se realicen coordinadamente las actividades de las entidades del SINA y las del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

De igual manera, se asigna a las Corporaciones Autónomas Regionales la función de realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, asistir en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación.

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 99 son reglamentados a través del Decreto 4688 de 2005.

Desastres

El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, creado y organizado mediante la Ley 46 de 1988, contempla la elaboración del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y la creación de un Comité Nacional para el mismo fin. Así mismo, ordena la conformación de comités regionales y locales de emergencias.

La elaboración del Plan está a cargo de la Oficina Nacional para la Atención de Emergencias, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 919 de 1989 , en el cual, se establece la incorporación de la prevención y atención de desastres en los planes de desarrollo regional y local, así como el régimen jurídico de las situaciones de desastre y calamidad pública. Igualmente, contempla el funcionamiento de un Comité Técnico Nacional, como un organismo de carácter asesor y coordinador, que organizará, para efectos de la prevención y atención de desastres y calamidades, una Junta Nacional de Coordinación de los Cuerpos de Bomberos oficiales y voluntarios, encargada de dictar las reglamentaciones administrativas, técnicas y operativas a las cuales deben someterse los cuerpos de bomberos en su organización y funcionamiento.

Posteriormente, es creada la Red Nacional de Centros de Reserva para Atención de Emergencias, mediante el Decreto 969 de 1995, como un instrumento del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, conformado por el conjunto de los centros de reserva y centros de respuesta Inmediata ubicados en el territorio nacional. La norma habilita a los cuerpos de bomberos de ciudades capitales para actuar como entidades administradoras de los centro de reserva.

En cumplimiento de lo estipulado en la Ley 46, se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (PNPAD), a través del Decreto 93 de 1998, en el cual se definen los objetivos y principios que orientan la acción de las entidades territoriales en relación con la elaboración, ejecución y seguimiento del mismo. Dentro de los objetivos del plan sobre respuesta efectiva en casos de desastre y el programa de fortalecimiento institucional se incluye a los cuerpos de bomberos.

La estrategia para consolidar la ejecución del PNPAD en el corto y mediano plazo, se establece en el Documento CONPES 3146 de 2001, que incluye las acciones prioritarias para su desarrollo en un horizonte de tres años.

Financiamiento

• A nivel municipal
  

El financiamiento de aspectos relacionados con prevención y atención de desastres, es reglamentado por la Ley 60 de 1993, que establece una destinación para la adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo, la reubicación de asentamientos y la prevención y atención de desastres de su jurisdicción. La Ley 715 de 2001, establece que corresponde a los municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y ejercer las competencias de prevención y atención de desastres definidas en la Ley 60.

• A nivel nacional
  

El Decreto 1547 de 1984 crea el Fondo Nacional de Calamidades como una cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística con fines de interés público y asistencia social y dedicado a la atención de las necesidades que se originen en situaciones de desastre o de calamidad o de naturaleza similar.

Incendios Forestales

Con el fin de dictar medidas para la organización en materia de prevención y mitigación en incendios forestales, se expide el Decreto 2340 de 1997, por medio del cual se crean las Comisiones para la prevención y mitigación de incendios forestales en departamentos, municipios, distritos y áreas metropolitanas, como órganos asesores en la materia; de las cuales, hacen parte los cuerpos de bomberos.

Combustibles Líquidos

La reglamentación sobre el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, para Estaciones de servicio, así como las reglas para la adopción de sistemas de seguridad y prevención de riesgos, es definida a través del Decreto 1521 de 1998, que además, establece que las Estaciones de servicio de cualquier clase, deben mantener vigentes documentos como el certificado de cumplimiento de normas de seguridad, expedido por el Cuerpo de Bomberos respectivo.

El Plan Nacional de Contingencia PNC contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres, es adoptado mediante el Decreto 321 de 1999, el cual establece los principios fundamentales que guían el Plan y a las entidades del sector público y privado en relación con la implementación, ejecución y actualización del mismo; al igual que los planes de contingencia local y de ayuda mutua.

Mercancías Peligrosas

La reglamentación del manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera, es adoptada a través del Decreto 1609 de 2002, en el cual se establecen los requisitos técnicos y de seguridad necesarios, con el fin de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente.

Construcción

Las normas sobre construcciones sismo resistentes, son adoptadas mediante la Ley 400 de 1997, la cual establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que éstas producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos.

En ese sentido, los cuarteles de bomberos hacen parte de las Edificaciones de Atención a la Comunidad, por ser edificaciones necesarias para atender emergencias y preservar la salud y seguridad de las personas; debiendo someterse a una supervisión técnica.

La reglamentación que se expida para cumplir con el objeto de la Ley, debe ceñirse a la siguiente división temática, clasificada en títulos:

(A)     Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente

(J)     Requisitos de protección contra el fuego en edificaciones

(K)     Otros requisitos complementarios

El título (J) debe contener los siguientes temas: alcance y aplicabilidad de los requisitos de protección contra el fuego; definiciones de los términos empleados y de las categorías de edificaciones con respecto a su riesgo de combustión y mayor peligrosidad para la vida como consecuencia de un incendio; definición del procedimiento para la determinación del potencial combustible y; procedimientos para establecer la resistencia requerida al fuego.

Así mismo, se crea la "Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes", adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico, la cual forma parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

Hidrantes

El Decreto 302 de 2000, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, determina que los hidrantes deben instalarse de acuerdo con las normas que para el efecto determine la Oficina de Planeación Municipal respectiva o el reglamento interno de prestación del servicio adoptado por la entidad. Para lo cual, se definirán especificaciones y forma de conexión de acuerdo con lo establecido por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y, se consultará con el cuerpo de bomberos local, con el fin de definir y estandarizar el tipo y diámetro de las conexiones para manguera que va a utilizar.

La conservación y reparación de los hidrantes será por cuenta de la entidad prestadora de los servicios públicos, para lo cual el cuerpo de bomberos deberá mantenerla informada de los daños, escapes y condiciones de funcionamiento en los que se encuentre cada uno de ellos.

Los hidrantes solo podrán ser utilizados por parte de la entidad prestadora de los servicios públicos y el cuerpo de bomberos; así mismo, todo consumo originado y registrado en hidrantes públicos o privados que haya sido causado para atender emergencias y catástrofes naturales, no dará lugar a cobro alguno.